sábado, 20 de octubre de 2012



Sinopsis de la oscura gestión pública de Álvaro Uribe Vélez


Lo que todos saben.

Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín en 1952. Es abogado egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en administración y resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, y estuvo becado en la Universidad de Oxford. Casado con doña Lina Moreno y padre de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. El primer cargo público que ocupó fue la jefatura de Bienes Inmuebles de las Empresas Públicas de Medellín, en 1976, a la edad de 24 años. Entre 1977 y 1978 fue Secretario General del Ministerio de Trabajo. Ocupó la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. También fue alcalde de Medellín (1982-1983), concejal de Medellín (1984-1986), senador de la República durante dos periodos consecutivos (1986-1994), gobernador de Antioquia (1995-1997), y presidente de la República durante dos periodos consecutivos (2002-2010). Una muy amplia trayectoria en cargos públicos y de elección popular.


Lo que muy pocos conocen.

Álvaro Uribe Vélez es hijo de Álvaro Uribe Sierra, empresario de ganado, caballos y fincas, que fue, según el propio Álvaro Uribe hijo, asesinado por la guerrilla de las Farc en un intento de secuestro en la controvertida finca Guacharacas, de propiedad de Uribe Sierra, de la que se dijo fue un centro de entrenamiento paramilitar dirigido por Santiago Uribe Vélez. Otros sostienen, como el periodista estadounidense Joseph Contreras en su libro “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez: El Señor de las Sombras” (Editorial Oveja Negra, 2002), que el padre de Álvaro Uribe fue asesinado en un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. De hecho, el padre de Uribe Vélez tuvo cargos por narcotráfico.  Uribe Sierra fue muy cercano a Fabio Ochoa, capo del clan narcotraficante Ochoa Vásquez, en negocios de caballos, y a Pablo Escobar, en desfiles equinos y ferias ganaderas organizadas por Escobar para promocionar su famoso programa de vivienda “Medellín sin Tugurios”, en la década de los 80. A través de los negocios personales y de su familia, Uribe Vélez tuvo negocios, entre otros delincuentes, con César Villegas, reconocido narcotraficante asesinado, y con su primo Mario Uribe, amigo incondicional de Pablo Escobar y condenado por paramilitarismo e irregularidades en el trámite de la segunda reelección presidencial de Uribe Vélez.

Hay poca información de su gestión como Jefe de Bienes Inmuebles de EPM, cargo del que fue rápidamente removido, al igual que de su paso por la Secretaría General del Ministerio de Trabajo. En cambio, de su gestión como Director Nacional de la Aeronáutica Civil se supo que autorizó licencias de vuelo de aeronaves a muchos narcotraficantes, entre ellos Jaime Cardona, a quién autorizó la construcción de un pequeño aeropuerto en su finca El 90. En su libro “Los jinetes de la cocaína”, Fabio Castillo afirma que “como director de la Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe le otorgó licencia de vuelo a muchos de los pilotos de los narcos”. Autorizó también la licencia de operación y la matrícula HK-2704X al helicóptero Hughes 500, importado por una empresa de su padre, que fue incautado con droga en un operativo antinarcóticos en marzo de 1984 en el gigantesco laboratorio Tranquilandia, de propiedad del cartel de Medellín y ubicado entre los departamentos de Caquetá y Meta. Finalmente, en 1982 fue destituido de la Dirección de la Aeronáutica Civil a raíz de estas y otras muchas irregularidades.

Como alcalde de Medellín tuvo una gestión que le granjeó numerosas investigaciones por irregularidades y la destitución en 1983. Hay poca información de su gestión como concejal de la capital antioqueña entre 1984 y 1986. Como senador de la República entre 1986 y 1994, fue ponente de la Ley 71 de 1988 o de reforma pensional; también de la Ley 50 de 1990 o de reforma laboral, que acabó con la estabilidad laboral de los trabajadores, dio origen al empleo temporal y reguló la operación de los fondos de pensiones y cesantías. Fue coautor y ponente de la Ley 100 de 1993 o de seguridad social, que dio fin a la salud como derecho fundamental para convertirlo en un servicio, acabó con el Seguro Social y afectó el derecho a la jubilación de millones de trabajadores colombianos. Además, fue un enconado opositor de la extradición de colombianos al exterior.

Como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, periodo que pasó a la historia nacional como el de mayor cantidad de denuncias por violación de los derechos humanos, desapariciones forzadas, desplazamiento masivo y asesinatos de decenas de miles de personas en ese departamento, tuvo numerosas denuncias y fue señalado de haber apoyado y financiado en el departamento a cerca de 70 controvertidas cooperativas de vigilancia y seguridad privada CONVIVIR, reglamentadas por el presidente Ernesto Samper, que fueron la génesis de lo que más tarde serían las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.


De público conocimiento.

Durante la campaña que llevó a Uribe Vélez a la presidencia de Colombia en 2002, propuso, entre otras cosas: 1. Establecer el llamado “estado comunitario”, basado, entre otras cosas, en el imperio de la autoridad y la colaboración de la ciudadanía con la Fuerza Pública. Y 2. Entregar armas y equipos de comunicaciones a un millón de civiles para que colaboraran estrechamente con la Fuerza Pública en la llamada Red de Informantes, posteriormente denominada Red de Cooperantes, en actividades de patrullaje de campos y ciudades, y entrega de información de inteligencia al Ejército y la Policía sobre las actividades de personas u organizaciones de la oposición o sospechosas de colaborar con las guerrillas. Ya como presidente, fue objeto de numerosos cuestionamientos a su gestión, como el sufrido en febrero de 2004 en el Parlamento Europeo, cuando 376 de los 626 parlamentarios se retiraron del recinto como muestra de rechazo a su presencia y por su política violatoria de los derechos humanos y ciudadanos.

Además, su gobierno fue conocido por cerca de una veintena de escándalos de criminalidad y corrupción, entre los que se destacan: 1. Los llamados “falsos positivos”, política llevada cabo en el departamento de Antioquia cuando fue gobernador y que aplicara en todo el país durante su primer periodo en la presidencia de Colombia. Fueron las ejecuciones extrajudiciales de más de tres mil civiles inocentes, asesinados por miembros de la Fuerza Pública, y conocidas a partir de las denuncias hechas por las desapariciones de cientos de jóvenes del municipio de Soacha, en Cundinamarca, a partir del 2008. 2. Las llamadas “chuzadas”, interceptaciones ilegales realizadas sin orden judicial por el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a las comunicaciones de decenas de miles de opositores políticos, periodistas críticos, jueces y magistrados de las Altas Cortes, y un sinnúmero más de ciudadanos considerados peligrosos para el gobierno. 3. El escándalo del programa Agro Ingreso Seguro, en el que se destapó la entrega de centenares de miles de millones de pesos del Estado colombiano a multimillonarias familias de empresarios, a reinas y modelos, y a financiadores de la primera campaña presidencial de Uribe Vélez, especialmente de la Costa Atlántica, a través de subsidios agrícolas. 4. La desmovilización de los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a través del marco jurídico establecido en la llamada Ley de Justicia y Paz, que aseguró la dejación de armas de las bases paramilitares y la entrega a la justicia colombiana de los cabecillas de la organización. Este proceso estuvo salpicado por los rumores de un acuerdo previo entre el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe y los comandantes paramilitares para ayudar a Uribe a llegar a la presidencia a cambio de penas de cárcel mínimas y legalización de fortunas y propiedades para los comandantes; al final del gobierno de Uribe Vélez la otra mácula alrededor del proceso fue la revelación de falsas desmovilizaciones de combatientes de las AUC y la guerrilla, la entrega por parte de estos de decenas de miles de armas que no funcionaban y la conversión de estas organizaciones en simples bandas criminales, o bacrim, que en esencia seguían siendo lo mismo pero con diferente nombre. Para muchos, todo el proceso fue un absoluto fracaso y una enorme farsa ante la comunidad internacional.

5. La llamada parapolítica, que fue la revelación de la inmensa infiltración del paramilitarismo en los más altos niveles del gobierno y la clase política, y por la cual varias decenas de parlamentarios uribistas y funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe terminaron en la cárcel por vínculos con esos grupos criminales. 6. El escándalo que tuvo como protagonistas a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos de Álvaro Uribe, quienes, estando su padre en la presidencia, se vieron involucrados en oscuros negocios de apropiación de terrenos de zonas francas en varias regiones del país a través del uso de muy cuestionadas influencias con funcionarios del gobierno, y en la apropiación mediante beneficios gubernamentales de negocios de artesanías y manipulación de basuras, conformando lo que muchos consideraron en su momento verdaderos monopolios familiares en estos renglones económicos.

Recientemente, y siendo ya un belicoso, intemperante y controvertido expresidente, Álvaro Uribe ha estado en el ojo del huracán por las revelaciones de varios de los exjefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos durante su gobierno, de haber apoyado su primera campaña presidencial con dinero y apoyo logístico. Por otro lado, recientemente su jefe de seguridad durante sus dos periodos presidenciales, el oscuro general Mauricio Santoyo, fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, acusado de tener vínculos con paramilitares y de haberles suministrado información clasificada del gobierno y de los organismos de seguridad del estado, estando al servicio y bajo las órdenes directas de Álvaro Uribe en la Casa de Nariño. Santoyo fue jefe de seguridad de Uribe cuando este fue gobernador de Antioquia y se reveló que desde esa época tenía vínculos con los grupos paramilitares. Por último, la excuñada de Uribe, Dolly Cifuentes Villa, y la sobrina, Ana María Uribe Cifuentes, fueron capturadas en Colombia y pedidas en extradición por el gobierno de Estados Unidos, acusadas de servir de enlace entre narcos colombianos y el narcotraficante cartel del estado mexicano de Sinaloa. La excuñada de Uribe, perteneciente a un clan de narcotraficantes conformado por ella y sus cuatro hermanos, fue extraditada a los Estados Unidos, mientras de la sobrina de Uribe no se ha vuelto a saber absolutamente nada.

En resumen, esta ha sido la sinopsis de la gestión pública de un político y empresario multimillonario, que hizo una carrera política de más de 30 años escalando peldaño a peldaño de la escalera, pero que en cada uno estuvo rodeado de acusaciones y fue investigado por irregularidades y señalamientos de corrupción y criminalidad. Se citan a continuación, algunos enlaces de internet en los que el lector puede ampliar la información, si así lo desea.


Enlaces de referencia:






































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